LA CORRUPCIÓN EN
COMPRAS PÚBLICAS

COMPRAS PÚBLICAS

A nadie escandaliza la afirmación de que, en México, la corrupción está por todos lados. El 87% de las personas en nuestro país, consideran que los actos de corrupción son muy frecuentes en su entidad federativa. Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2019), que mide, entre otras cosas, la “Percepción sobre la frecuencia de corrupción”.

LO QUE SABEMOS

Según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de esta misma Encuesta, el año pasado, el costo de la corrupción en pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 12,770 millones de pesos, costo que aumentó en un 64% respecto a 2017. 

En el ámbito internacional, el Índice de Percepción de Corrupción, indica que México, se ubica en la posición 130 de 180 países. Nuestro país obtuvo una puntuación de 29 en una escala que va de 0 a 100,  donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. De los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el nuestro, es el peor evaluado.

El IPC puntúa y clasifica a los países en función de qué tan corrupto es percibido por los expertos y ejecutivos de empresas el sector público de un país. Es un índice compuesto, una combinación de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones acreditadas. El IPC es el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo.

Por su parte, el Barómetro Global de Corrupción de 2019, señala que 44% de las personas consideran que la corrupción se ha incrementado en los últimos 12 meses, en tanto que el 34% reconoció haber pagado un soborno en el ámbito de servicios públicos.

Si tomamos en cuenta que, alrededor del 17% del presupuesto se ejerce en contrataciones públicas, nos daremos cuenta de la dimensión del problema de que estas contrataciones se lleven a cabo a través de prácticas corruptas.

Los procedimientos que el gobierno usa para realizar compras y asegurar que el precio y calidad de lo que adquiere son los pertinentes son: la licitación pública; la invitación a cuando menos tres personas, y la adjudicación directa[1]. Si bien cada uno de estos procesos responde a ciertas particularidades, es la licitación pública el proceso de compra más “justo”, pues ésta se lleva a cabo mediante convocatoria pública para que todos los interesados presenten proposiciones por medio de un sobre cerrado, que será abierto públicamente, lo cual tendría que asegurar que el contrato se otorgará al mejor postor.

Sin embargo, hay malas noticias en este aspecto pues, durante 2019, según datos de COMPRANET, sólo el 18.3% de los contratos fueron asignados mediante licitación pública, en tanto que el 74.3% fue adjudicación directa.

COMPRANET, es el sistema electrónico del gobierno mexicano que sirve para registrar y llevar a cabo todos los procedimientos de contratación pública, el cual es de consulta pública gratuita.

Otra mala noticia es que organizaciones expertas señalan que en la actualidad este sistema se ha vuelto obsoleto porque no funciona como herramienta de control y vigilancia, ni como plataforma que haga más eficientes las contrataciones públicas. Para hacer de esta herramienta un instrumento eficaz anticorrupción se deben identificar las etapas del ciclo de contratación que más necesitan soluciones tecnológicas y garantizar la integridad en los procesos de contratación pública.

Los expertos consideran que la tecnología puede ofrecer soluciones en estos aspectos que permiten la corrupción:

  • Solicitud de bienes y servicios innecesarios o excesivos.
  • Requerimientos y especificaciones direccionadas a un proveedor o vendedor específico.
  • División de proyectos grandes competitivos en diversos proyectos pequeños no competitivos.
  • Contratación directa con pocos días para que otros contratistas no tengan tiempo de participar.
  • Manipulación de la licitación (direccionada a empresas favoritas).
  • Fuga de información.
  • Colusión entre contratistas para dejar fuera a la competencia.
  • Colusión entre empleados y contratistas para obtener beneficios.

Por tanto, existen dos certezas en el tema de las compras: (i) los procedimientos de contratación que existen en nuestra legislación no son los mejores; y (ii) mientras dichos procedimientos sigan sin estar respaldados por tecnología robusta seguiremos sufriendo de compras públicas deficientes y amañadas.