¿Cuál es el problema?

Aunque incomode, la relación entre dinero y política es necesaria. Tanto partidos como candidatos necesitan dinero, en el mejor de los casos, para acercarse a los ciudadanos y comunicarles sus propuestas y agendas programáticas, y en el peor, para movilizarlos durante la jornada electoral y tratar de inclinar su voto a favor de alguien. No obstante, en política —y más aún en campañas electorales—, el dinero se ha convertido en sinónimo de abuso y corrupción (Rivera, et al., 2018).

La entrega de materiales o dinero en tiempos de elecciones es la forma más visible de la corrupción electoral; si bien, el problema de fondo tiene que ver con el origen de los recursos para comprar votos o voluntades en tiempos electorales, cuyo hilo conductor nos lleva al uso de diversos mecanismos para extraer y hacer un uso indebido de recursos públicos, algunos de ellos altamente sofisticados y difíciles de detectar, pero también otros tan burdos como la entrega de contratos a empresas fantasmas para desviar millones de pesos, y en el intermedio, otro modus operandi como el de La Estafa Maestra, cuya trama involucra 11 dependencias y 8 universidades públicas.

La demanda social en contra de la corrupción en campañas políticas se ha enfocado al instituto Nacional Electoral (INE), que es la autoridad que organiza las elecciones y fiscaliza el dinero de los partidos. Sin embargo, esta carece de las herramientas técnicas y de inteligencia financiera para investigar y sancionar actos de corrupción electoral, y ello ha provocado desconfianza en la organización electoral, poniendo en riesgo la credibilidad de los resultados de la elección (Peschard, 2018). La impunidad política es una de las dimensiones que más lastima a las sociedades, así como la corrupción, la captura del Estado por organizaciones criminales o grupos económicos oligárquicos, la violencia ejercida en contra de los medios de comunicación, el abuso de las noticias falsas y el regreso de regímenes autoritarios tienen un efecto negativo en la justicia, seguridad y goce de derechos humanos (IGI, 2020).

En América Latina, uno de los móviles más comunes para desviar dinero público ha sido el financiamiento de campañas políticas, utilizando recursos gubernamentales y los esquemas son cada vez más sofisticados, como el de las “empresas fachada” para triangular recursos y opacar tanto sus orígenes como sus destinatarios. Los grandes escándalos en México han revelado que los actos de corrupción implican el enriquecimiento ilícito de algunos políticos y la inyección de recursos para la promoción de candidatos y partidos en el poder.