LA CORRUPCIÓN EN
OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Diversos estudios arrojan que la industria de la construcción es uno de los sectores en los que se cometen más actos de corrupción. Las cuantiosas cantidades millonarias que ejercen al año los gobiernos de todos los niveles provoca que empresarios y políticos se coludan para desviar parte de estos recursos, agregando un sobre costo a las obras, utilizando materiales de mala calidad, y por ende, entregando una obra deficiente, a la que se le va a tener que dar mantenimiento o remodelación en un periodo menor, al que se debería.

Lo anterior ha traído como consecuencia que México se ubique en el Índice de Percepción de Corrupción en la posición 130 de 180 países. Nuestro país obtuvo una puntuación de 29 en una escala que va de 0 a 100, donde el 0 correspondería a los países peor evaluados en corrupción y 100 es el mejor puntaje posible en la materia. De los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México, es el peor evaluado.

El trabajo Métrica de Transparencia en la Obra Pública –MeTrOP- de México Evalúa, señala que las obras tardan en entregarse en promedio 126% más del tiempo estipulado en principio y en muchas ocasiones a un sobre costo significativo.

Los estudios internacionales señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental es la adopción de metodologías de gobierno abierto y transparentes tanto en compras gubernamentales como en contratación de obras en infraestructura.

México contempla prácticas de transparencia tanto en su Constitución como en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas, pese a ello sigue siendo un problema y un foco de corrupción.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Para Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del centro de análisis México Evalúa, hay al menos cuatro factores que fomentan la corrupción en el sector de la construcción del gobierno: el excesivo marco regulatorio, la falta de la planeación de la obra, la nula competencia en los procesos de contratación y escasa tecnología en las etapas de concepción.

Respecto a la nula competencia en los procesos de contratación, según Compranet –página oficial de contrataciones del Gobierno Federal- durante 2019 el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en el 18% del total de contratos (28,458) mientras que la invitación restringida a cuando menos tres personas en 7% y la adjudicación directa en el 74% de los casos. Desde el arranque del actual Gobierno, se ha optado por el método de asignación para las obras más importantes.

Las diez primeras áreas donde el uso de las adjudicaciones directa son la regla,  son: INBA (99.5%); Secretaría de Cultura (98.9%); Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (98.9%); Diconsa (98.7%); Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (98.2%); Canal 11 (98.2%); Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (97.3%); Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN (97.33%); Secretaría de la Función Pública (96.5%) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (95.7%). A estas dependencias hay que añadir Fonatur, la responsable del Tren Maya, que ha dado 92% de los contratos en adjudicación directa.

Otro caso de escándalo es Pemex, donde se ha adjudicado -por invitación restringida- al menos siete contratos por alrededor de 44 mil millones de pesos, según datos del portal de Pemex Exploración y Producción. Dichos contratos corresponden a servicios de construcción de infraestructura, instalaciones de plataformas petroleras, servicios de perforación en campos terrestres, certificación de volúmenes de reservas, así como servicios de consultoría para un plan de acción ambiental de activos de Pemex.

Apenas el pasado 19 de marzo se adjudicaron directamente tres contratos para la realización de los estudios de costo-beneficio, de asesoría jurídica y desarrollo de plan maestro para la construcción del Tren Maya por un total de $90,870,000.00.

Este uso indiscriminado de la adjudicación directa, así como el rezago en tecnología para los procesos de ejecución de la obra pública en México, pone a nuestro país vulnerable ante las tentaciones de la corrupción.

¿Qué podemos hacer?

Así, los gobiernos no utilizan tecnología adecuada ni para planear obras, ni para construirlas, tampoco para adjudicar sus contratos, ni para darles seguimiento.

Cierto es que existe la herramienta de Compranet, pero no deja de ser muy rezagada, tecnológicamente, es en todo caso una biblioteca de documentos, no un entorno digital de datos abiertos y mucho menos un espacio de seguimiento en la ejecución del presupuesto en obra pública.

https://contralacorrupcion.mx/asignacion-obra-publica

http://mexicoevalua.org/numerosdeerario/content-documentos/MeTrOP.pdf

https://contralacorrupcion.mx/la-adjudicacion-directa-como-regla/